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ODS 16: Argentina ratificó el Acuerdo Escazú y la región se acerca a un modelo de gobernanza para el desarrollo sostenible
2020-09-29

La ONU destaca que el ODS 16 apunta a promover sociedades pacíficas e inclusivas para un desarrollo sostenible.



Hace pocos días, Argentina se convirtió en el décimo país de la región en ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como “Acuerdo Escazú”. Ahora, para su entrada en vigor, se necesita que otro Estado de la región se sume a esta alianza. 


Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explica que el acuerdo deviene de lo establecido en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, cuyo principio número 10 se refiere al acceso a la información, a la participación y a la justicia. Son tres principios fundamentales para construir lo que nosotros denominamos modelos de gobernanza para el desarrollo sostenible”, sostuvo el experto. Una vez que los países lo ratifican y lo incorporan a su normativa, el Acuerdo Escazú es de cumplimiento obligatorio. Además, detalla Nápoli, es el único instrumento a nivel mundial que tiene una cláusula de protección de las personas que defienden el medioambiente. 


Los derechos mencionados constituyen elementos claves para la conservación del medioambiente y la toma de decisiones en este tipo de asuntos. De hecho, el director ejecutivo de FARN afirmó que, si Escazú se hace efectivo, podrían disminuir los niveles de conflictos ya que muchos de ellos se generan cuando las personas son llamadas de manera obligatoria -porque lo establece la normativa- a participar, pero luego sus opiniones no son tenidas en cuenta. En ese sentido, es importante señalar que el Acuerdo tiene dos dimensiones de aplicación: por un lado, busca mejorar la implementación de estos derechos hacia dentro de los países; y, por otro, incorpora una instancia internacional para reclamar en caso de un incumplimiento. 


Por su parte, y en el informe de Naciones Unidas de julio de 2020 -en el que analiza el impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe- el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que este acuerdo es un valioso instrumento a la hora de pensar soluciones basadas en las personas y en la naturaleza. “Al mejorar el acceso a los datos, los conocimientos y la información y prever la participación de los grupos vulnerables, defiende los valores fundamentales de la vida democrática y fomenta políticas públicas eficaces. Cuando el acuerdo entre en vigor y se aplique, los países estarán en mejores condiciones de preservar su patrimonio natural estratégico mediante acciones más inclusivas y orientadas a la comunidad”, indicó.


Asimismo, Guterres señaló que, con el tiempo, las normas que tienen como objetivo proteger al medioambiente se han hecho más laxas y, por otro lado, han aumentado los episodios de violencia contra los defensores medioambientales. “A medida que la desregulación expone a nuevos territorios y comunidades a la deforestación, los desplazamientos forzados, la extracción de recursos naturales y la destrucción de los sistemas ecológicos, los conflictos y las violaciones de los derechos humanos se hacen más frecuentes. En 2018, se registraron a nivel mundial 164 asesinatos de defensores del medio ambiente, muchos de los cuales eran indígenas, y 83 de esos crímenes tuvieron lugar en América Latina”, detalló.